El 52 % de los ciudadanos solo permitiría la entrada a migrantes con contrato

Más de la mitad de los ciudadanos de la CAV (52,9 %) es partidaria de limitar la entrada de migrantes en el país solo a personas que tengan un contrato de trabajo y cerca de la mitad (49,7 %) cree que se debe regularizar administrativamente únicamente a quienes dispongan de dicho contrato laboral.

La vinculación de trabajo y admisión de inmigrantes por parte de la sociedad vasca es una de las conclusiones del barómetro relativo a 2019 elaborado por el Observatorio Vasco de la Inmigración-Ikuspegi y difundido este martes en una conferencia de prensa en la que han participado la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, y la profesora de Sociología y miembro de Ikuspegi Beatriz Otero.

De este informe, basado en 600 encuestas llevadas a cabo entre marzo y abril de este año, también se desprende que la mayoría de los ciudadanos no ven la inmigración como un problema (solo un 9 % opina que sí lo es) y que asumen que se trata de un fenómeno estructural que aumentará en los próximos 5 años (73,9 %).

El 66,2 % opina que no quitan el trabajo a los autóctonos porque ocupan puestos que no quieren los nacionales (el 17,6 % opina que sí).

Al igual que en informes de años anteriores, la sociedad tiene una percepción sobredimensionada del volumen de población extranjera que reside en Euskadi y lo sitúa en un 17 %, casi el doble del 10 % real.

Respecto al modelo de integración es mayoritariamente "asimilacionista", ya que se acepta la diversidad y se reconoce que supone un enriquecimiento (más del 60 %), pero se considera que son los inmigrantes los que tienen que hacer el esfuerzo de integrarse en la sociedad y adoptar sus costumbres y tradiciones (77,5 %).

Una mayoría ve bien que abran restaurantes o comercios propios (más del 70 %), pero ese porcentaje baja hasta alrededor del 35 % cuando les preguntan si les parece bien que construyan templos para sus religiones, vistan como en su país de origen o dispongan de centros de enseñanza propios.

Sobre el acceso a los derechos, una mayoría de los encuestados considera que la educación (70 %) y la sanidad (61 %) deberían ser universales, pero prácticamente esa misma mayoría es partidaria de que solo los inmigrantes regularizados puedan optar a ayudas sociales, viviendas de protección oficial o el reagrupamiento familiar.

De hecho, un 53,3 % cree que se benefician excesivamente del sistema de protección social. Otros dos estereotipos que se mantienen es que contribuyen a que aumente el machismo (40,4 %) y que generan inseguridad y delincuencia (37,4 %).

El estudio también contabiliza el grado de simpatía de los ciudadanos hacia las diferentes nacionalidades extranjeras y tras constatar que el mayor grado de simpatía es hacia los colectivos más cercanos culturalmente, los que despiertan mayor antipatía son las personas de origen magrebí, junto a los paquistaníes y rumanos.

Unido a este dato se percibe un grado de desconfianza hacia el Islam muy alto.

En el barómetro de 2019 se ha confirmado, asimismo, que el índice de tolerancia de la sociedad hacia la inmigración está ligado a la etapa económica, de tal forma que cuando existe un crecimiento económico el índice se incrementa. Este año se ha situado en el 60,67 puntos, el más alto de toda la serie de barómetros, que comenzó en 2014.

Las variables relacionadas con el indice de tolerancia también están determinadas por el sexo, la edad, estudios y posición económica, de tal manera que los hombres jóvenes, con estudios universitarios y estatus económico y social alto son más tolerantes.

Según Beatriz Otero, todos estos datos sitúan a la población vasca en una posición "ambivalente" ante la inmigración ya que aumenta el colectivo que considera que sus efectos positivos son mayores que los negativos, pero son partidarios de restricciones, sobre todo en derechos y servicios.