La Fiscalía pedirá penas de hasta ocho años de prisión por sedición

La Fiscalía aplicará la Ley Penal de Navegación Aérea para valorar la posible responsabilidad penal de los controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo sin justificación, lo que provocó el cierre del espacio aéreo español y la convocatoria de estado de alarma. Asimismo, se aplicará una gradación de responsabilidades entre los dirigentes de este hecho y los que se limitaron a secundarlo.

Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía General del Estado en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión de la Junta de Fiscales de las Comunidades Autónomas, presidida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, este jueves en Zaragoza. En este sentido, Conde-Pumpido ha dicho que se propondrán penas de hasta ocho añosde cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto detrabajo por un presunto delito de sedición.

Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión. Además, ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.

La Ley Penal de Navegación Aérea establece, a partir del artículo 20, diferencias de responsabilidad "entre los dirigentes y los controladores que siguen instrucciones", por lo que la Fiscalía "va a trabajar en el objetivo común de identificar a los dirigentes del hecho porque la responsabilidad penal se agrava en aquellos que lo han organizado con respecto a los que han hecho seguidismo", si bien "no se dejará fuera a nadie".

Los controladores implicados se enfrentan a un presunto delito de sedición, castigado con penas de entre tres y ocho años de prisión, aunque fuentes de la Fiscalía han incidido en que "las responsabilidades hay que verlas caso por caso, con agravantes y atenuantes". En el encuentro de este jueves se ha decidido la unificación de la base jurídica que se utilizará por parte de la Fiscalía.

Se ha aprovechado también la reunión para coordinar con AENA los turnos en los que los controladores deberán comparecer ante la Fiscalía "para no desabastecer las torres de control" y se ha advertido de que "una vez la Fiscalía practique las diligencias y haga las calificaciones jurídicas oportunas, se judicializará el proceso, con un juicio diferente en cada territorio, pero con una base legal unificada".

Los controladores se niegan a declarar

El fiscal jefe del Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, ha asegurado que los doce controladores citados por un delito de sedición se han acogido a su derecho a no declarar, puesto que entienden que la competencia corresponde a la jurisdicción militar con motivo del estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo.

En una multitudinaria rueda de prensa, Esteban ha insistido en que si sigue la misma línea, se dejará de citar a los próximos controladores para "evitar dilaciones" y se pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario. "La Fiscalía seguirá investigando a través de la policía para saber qué ocurrió el 3 y 4 de diciembre", ha dicho.

AENA

Por otro lado, el gestor aeroportuario AENA asegura que entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado un total de 440 controladores abandonaron sus puestos de trabajo.

Según señala en una nota el ente gestor Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el sindicato de este colectivo, USCA, "intenta engañar a la opinión pública negando que la decisión de los controladores aéreos de abandonar masivamente sus puestos de trabajo fue lo que obligó a cerrar el espacio aéreo".