Aplazado el juicio por los incidentes del Foro Económico de 2014

El juicio contra un delegado de LAB y dos personas más que supuestamente participaron en las movilizaciones convocadas el 3 de marzo de 2014, con motivo de la celebración en Bilbao de la Cumbre Económica internacional, ha quedado aplazado hasta el próximo 27 de enero.

El Juzgado Penal nº1 de Bilbao ha iniciado este mismo jueves la vista oral contra estas tres personas, si bien la juez ha determinado aplazar el juicio hasta el 27 de enero tras sendas peticiones de la defensa de uno de los acusados y de la Fiscalía por distintos motivos, según han confirmado fuentes de LAB.

Un sindicalista de LAB, así como otros dos jóvenes, se enfrentan a una petición de 5 años de prisión y 214.000 euros de multa por los graves incidentes registrados en el Foro Económico Global celebrado en Bilbao en 2014.

Ese encuentro económico contó con la presencia del rey Juan Carlos I de España, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde; el lehendakari, Ïñigo Urkullu; varios comisarios europeos y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y fue clausurado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Aquel 3 de marzo de 2014 ELA y LAB convocaron una manifestación, que dieron por finalizada antes de tiempo al registrarse graves incidentes, que se prolongaron hasta la tarde y se extendieron a diversos puntos del centro de la ciudad.

Decenas de encapuchados causaron importantes destrozos en comercios y bancos, quemaron contenedores y provocaron lesiones a varios ertzainas durante los disturbios, en los que se identificó a cincuenta personas, se detuvo a 3 y se imputó a otra más.

Por estos graves disturbios han sido juzgadas un total de 13 personas, las primeras en Vitoria por ser alaveses y hoy los tres últimos en Bilbao.

Con motivo de este juicio, un centenar de trabajadores de la empresa JEZ, de Llodio (Araba), y sindicalistas de LAB se han concentrado ante el juzgado en apoyo a su compañero Iñaki Montes, que se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel y multa de 214.000 euros por daños, desórdenes y atentado a la autoridad.