Confirman la condena al exdecano y la exdirectora de la UPV

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso presentado por el exdecano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Francisco Javier Goiriena y a la exdirectora del Departamento de Estomatología Montserrat Barranquero contra la sentencia que les condenada por malversación.

El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a 5 años y 3 meses de prisión a Goiriena y Barranquero, en una resolución que les impuso además 9 años de inhabilitación absoluta y la obligación de indemnizar de manera conjunta y solidaria a la universidad vasca con 168.400 euros, más los intereses.

Los dos profesores recurrieron esa condena y ahora, la Sala de lo Penal del TSJPV ha dictaminado, en una sentencia fechada ayer, la confirmación de la pena impuesta por la Audiencia de Bizkaia, después de que un jurado popular considerara probado que los acusados se pusieron de acuerdo para apropiarse de fondos que eran de la Universidad del País Vasco y que, para lograrlo, falsificaron documentos mercantiles.

El tribunal entendió que entre 1994 y 2000, el exdecano y la directora de Estomatología eran pareja sentimental y actuaron conjuntamente para destinar fondos de la UPV que correspondían a unidades de investigación o cursos de postgrado a sus fines particulares y que, además, crearon sociedades que emitían facturas falsas que se cargaban a cuentas de la universidad.

Así, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y los magistrados Nekane Bolado y Antonio García, han concluido que Goiriena y Barranquero, que eran socios en varias mercantiles cuyo único cliente era la UPV y que así, emitieron de manera continuada un total de 34 "facturas simuladas" por "unos servicios inexistentes".

Ambos consiguieron después cobrar en efectivo el dinero de las cuentas de esas sociedades.

En consecuencia, han afirmado, "los acusados, con una mano preparan la factura en calidad de representantes de sociedades mercantiles y, con la otra mano realizan el pago en calidad de gestores de las Unidades de Gasto Autorizado" de la UPV.

Por ello, han resuelto, se sirvieron de su cargo de funcionarios que gestionaban fondos públicos, para cometer el delito de falsificación de documento público.