Política -
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
El TS condena a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa por desobediencia y malversación grave
Tras revisar la sentencia del 'procés' al amparo de la reforma penal, el Supremo ha rechazado rebajar la pena por malversación por lo que confirma la inhabilitación absoluta para Junqueras y Bassa hasta 2031, y para Romeva y Turull hasta 2030.
AGENCIAS | EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Gorenak zigortu egin ditu Junqueras, Turull eta Bassa, desobedientzia eta dirua bidegabe erabiltzea egotzita
El Tribunal Supremo ha condenado a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa como autores de un delito de desobediencia en concurso con un delito de malversación de caudales públicos. Así, ha rechazado rebajar la pena por el delito de malversación que los cuatro tenían impuesta, que quedará extinguida en el año 2031 en el caso de Junqueras y Bassa, y en el año 2030 en el de Turull y Romeva.
Por otro lado, el TS ha condenado a los expresidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como autores de un delito de desórdenes públicos y a Carme Forcadell, Josep Rull y Joaquim Forn por desobediencia. En relación a estos cinco condenados, la entrada en vigor de la reforma de 2022 determina la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha revisado la sentencia dictada en la causa del 'procés' el 14 de octubre de 2019 ante la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y da una redacción a los delitos de malversación y desórdenes públicos, para determinar si la pena de inhabilitación impuesta a los condenados ha de ser sustituida por penas que la reforma asocia a los nuevos tipos delictivos.
El tribunal que ha dictado el auto está formado por Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, que dictaron la sentencia del 'procés'. En la sentencia, los magistrados advierten de que la reforma ha dejado un "vacío normativo" que implica que quedarán impunes los procesos secesionistas en los que no se actúe con violencia de manera que "la deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia, incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuario, no necesariamente violento, no serían susceptibles de tratamiento penal".
"Nos veremos en Europa"
Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya ha adelantado que presentará recurso contra la resolución del TS y ha dejado claro que quiere llegar hasta la justicia europea. "Presentaremos los recursos que sean pertinentes, nos veremos en Europa, donde hay justicia, no venganza", ha dicho.
"El Supremo me podrá condenar e inhabilitar de por vida jurídicamente, pero queda claro que no me inhabilitará ni un solo minuto en trabajar para hacer efectivo mi compromiso con la independencia. No necesito ningún cargo público para trabajar inequívocamente por la independencia", ha recalcado en rueda de prensa.
A lo largo de esta tarde, Turull se reunirá con su equipo de abogados y darán "los pasos que toquen" para llegar a la justicia europea, con la intención "de que Europa reconozca que el 1-O no fue delito".
En esa misma dirección se ha pronunciado la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, quien ha afirmado que los jueces quieren dejar en "papel mojado" la reforma del Código Penal. Ha insistido en que la decisión de mantener la condena e inhabilitación de Junqueras, Turull, Romeva y Bassa es hacer caso omiso a la modificación del Código Penal, lo que ve como "una muestra más de la arbitrariedad de la justicia española".
Vilalta ha calificado de "extraño" que "habiendo desaparecido el delito más grave, la inhabilitación sea la misma", pero ha considerado que ese hecho "facilitará" la defensa de Esquerra ante tribunales internacionales.
La dirigente republicana ha defendido que la reforma legal que acordaron el Gobierno de España y Generalitat "está bien hecha y todo está claro", por lo que ha achacado nuevamente a la "arbitrariedad" del Supremo esta interpretación que "se salta las reglas del juego".