Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós piden que se anule el juicio por desobediencia al Constitucional

El expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y los miembros soberanistas de la Mesa han invocado la inviolabilidad parlamentaria para evitar que prosiga su juicio por desobediencia al Constitucional y han advertido de que en su caso está en juego la separación de poderes.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha arrancado este miércoles el juicio a Torrent y a los miembros de ERC y JxCAT en la Mesa del Parlament en la pasada legislatura -Josep Costa, Adriana Delgado y Eusebi Campdepadrós-, para quienes la Fiscalía pide hasta un año y ocho meses de inhabilitación por desoír al TC por tramitar en noviembre de 2019 resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

En el trámite de cuestiones previas, una vez la sala ha desestimado la suspensión de la vista solicitada por la Fiscalía y las defensas hasta que se resuelva si se readmite en el tribunal a un magistrado que fue revocado, los abogados de Torrent y de su Mesa han pedido que se anule el juicio, invocando que les asiste la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, como garantía de la separación de derechos.

Las defensas han advertido de que la inviolabilidad parlamentaria impide que sean juzgados y que, si pese a ello el juicio prosigue, tampoco se podría interrogar como testigos, sobre la actividad en la cámara, a otros diputados y trabajadores del Parlament, lo que afectaría a las siete testificales previstas para mañana.

El exvicepresidente del Parlament considera que tendría que anular todo el procedimiento "desde el primer día" porque, además de su inviolabilidad, la mayoría de resoluciones del caso las adoptaron dos magistrados que han sido apartados del juicio por su aparente falta de imparcialidad.

La inviolabilidad parlamentaria ya fue uno de los ejes del juicio por desobediencia en el que el TSJC condenó 20 meses de inhabilitación a los miembros soberanistas de la Mesa en la etapa de Carme Forcadell, pero la sala concluyó que los actos parlamentarios no pueden tener "en ningún caso como finalidad" el incumplimiento de la ley, en especial de la Constitución.