Política -
Hacienda de Bizkaia
El PSE sostiene que no hay 'caso Gil' sino 'caso Diputación'
Una vez que la justicia ha cerrado las diligencias informativas contra Melchor Gil, los socialistas esperan las explicaciones forales por las filtraciones de datos fiscales.
Redacción
El portavoz del PSE en las Juntas Generales de Bizkaia, Iñaki Egaña, ha denunciado el "interés partidista" que ha existido en este caso, así como la "persecución políticas que se ha organizado" contra Gil, "con la indisimulada voluntad de atacar al lehendakari y al PSE".
El portavoz socialista ha instado al peneuvista José Luis Bilbao a que finalice de una vez la investigación interna para esclarecer la posible filtración de esos datos fiscales privados. Y en la misma línea, ha denunciado como una nueva filtración "con membrete de la Diputación" la aparición en un medio de comunicación del decreto de la Fiscalía notificado el cierre de las diligencias.
En todo caso, ha aclarado que están dispuestos a esperar 15 días, hasta finales de mes, periodo fijado por el portavoz foral para que concluya la investigación sobre la filtración de expediente Gil.
El portavoz en las Juntas Generales también ha rebatido los comentarios de Antonio Basagoiti poniendo en duda la ejemplaridad de su comportamiento, subrayando que hay comportamientos "que no mejoran nuestra imagen, pero sí creo en la honorabilidad y la decencia del señor Gil".
Querella archivada
El fiscal jefe de Bizkaia emitió un decreto el pasado 6 de mayo en el que ordenaba el archivo de la investigación sobre los ingresos que permitieron a Gil la compra de un chalé en Castro Urdiales (Cantabria).
Gil, vicesecretario general del PSE-EE de Bizkaia, fue investigado por la Hacienda Foral de Bizkaia, dirigida por el PNV, al considerar que sus ingresos entre 2005 y 2009 no encajaban con los gastos de la compra del chalé. Hacienda entendía que había ocultado en sus declaraciones de la renta 419.000 euros destinados a la compra de la vivienda y pidió a la fiscalía en marzo de 2010 que investigara a Gil por fraude fiscal.
El Ministerio Público archivó la denuncia por entender que no había fraude fiscal, ya que para ello las cantidades defraudadas tienen que sobrepasar los 120.000 euros anuales. En enero de este año la Hacienda Foral volvió a instar a la fiscalía a investigar el asunto, que ahora ha archivado la investigación.