La jueza archiva la causa que quería vincular el 8M con la expansión de la pandemia

La jueza que investigaba al delegado del Gobierno español en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M ha decidido archivarla provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito.

La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo.

Asimismo, señala que Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".

Añade que tampoco "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19".

De esta forma, la jueza ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional de la causa. La magistrada ha tomado esta decisión tras escuchar a Franco, que acudió a declarar en calidad de investigado, y a un total de 18 testigos que comparecieron después, entre ellos 10 promotores de manifestaciones a los que llamaron para pedir que cancelaran sus concentraciones.

A ello se suma la batería de diligencias de investigación que ha ordenado desde el 23 de marzo, cuando acordó admitir a trámite la denuncia de un particular, como los informes al médico forense adscrito al juzgado y a la Guardia Civil.

No obstante, ante esta decisión cabe interponer recurso ante la propia juez o ante la Audiencia Provincial de Madrid.