Varias ONGD vascas reconocen el daño causado por ETA y piden perdón a las víctimas

Las 80 organizaciones no gubernamentales que componen la Coordinadora de ONGDs de Euskadi y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) —donde están representadas 64 entidades— han realizado una lectura crítica sobre la actitud que mantuvieron durante la etapa de violencia de ETA y han pedido perdón a las víctimas.

En una rueda de prensa convocada por el Foro Social en Bilbao, en la que han estado presentes representantes de ambos colectivos así como Agus Hernan, portavoz del Foro, las entidades han dado a conocer sendos manifiestos de cuatro puntos. La Federación Catalana de Organizaciones por la Justicia Global (Lafede) también se ha sumado a la iniciativa.

Según han reconocido, "durante demasiados años, no hemos estado a la altura del momento, de lo que sucedía en nuestra casa", y  "esa actitud ha provocado incomprensión en numerosos sectores y, como muchas víctimas nos han hecho saber, ha aumentado en ellas la sensación de discriminación". Por ello, han querido expresar públicamente sus "más sinceras disculpas a las víctimas, todas las víctimas, de ETA y del Estado", a las que han hecho llegar su "sincero y sentido abrazo".

Así, han mostrado su "más absoluto compromiso para continuar aportando a ese futuro de necesaria convivencia democrática, que con una visión crítica construya un mañana basado en una cultura de derechos humanos y de paz que asiente las garantías de no repetición".

Representantes de las tres entidades han leído el manifiesto compartido de cuatro puntos. En el primero de ellos, de comprometen a "defender los derechos humanos como eje central y única referencia para la convivencia democrática en el País Vasco, así como la construcción de una cultura de paz que siente las bases para la no repetición". En segundo lugar, han apostado por "garantizar los principios de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de todas las expresiones de violencia". El tercer punto versa sobre la necesidad de "instar a las instituciones la aplicación de la legislación ordinaria en materia de política penitenciaria y el fin del alejamiento". Por último, las tres entidades se han comprometido a "contribuir al desarrollo de una cultura de la paz, la convivencia y la reconciliación, desde los valores propios del sector basados en el fomento de la participación social y el impulso de la inclusión y la cohesión social en nuestra sociedad".