Política -
Nueva Ley del Euskera
La Comisión Especial emplaza a revisar el estatus legal del euskera en Navarra
Los grupos parlamentarios analizarán si se debe poner fin a la zonificación lingüística y extender la oficialidad del euskera a todo el territorio.
AGENCIAS | REDACCIÓN
Euskaraz irakurri: Euskarak Nafarroan duen estatus legala aztertzeko eskatu du Batzorde Bereziak
La Comisión Especial para la elaboración de una nueva Ley Foral del Euskera ha aprobado hoy, con los votos en contra de UPN y PSN, el informe de conclusiones, que emplaza a "revisar el estatus legal del euskera" en Navarra.
El informe, suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, incluye un voto particular firmado por el PSN en el que, con el respaldo de UPN, se defiende la vigencia de los principios inspiradores de la normativa original, que data de 1986.
Transcurridos más de 30 años desde la promulgación de la Ley del Vascuence, concluye el informe, "el estatus del euskera debe ser revisado", responsabilidad que la Comisión deja en manos de los grupos parlamentarios.
La Comisión apela a las herramientas que se ofrecen en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996 y el Protocolo de Derechos Lingüísticos de 2017, y llama a adecuar las relaciones sociales, institucionales y ciudadanas a los nuevos parámetros derivados de la evolución cultural y del impacto de las TIC.
En lo relativo a la zonificación lingüística establecida a partir de la Ley del Vascuence de 1986, se cuestionan los criterios que la alentaron, "nunca explicados, recogidos y argumentados", y se subraya que "ni siquiera quienes ejercieron responsabilidades de gobierno en aquella época han sido capaces de aclarar el fundamento científico y técnico" de aquella decisión.
Por eso, en lo tocante a la extensión o no de la oficialidad del euskera al conjunto del territorio, "cuestión nuclear" de todo este debate, se apunta que, si bien el Parlamento de Navarra "no ha mostrado una conformidad explícita, la mayoría tampoco excluye esa posibilidad".
Así, la determinación de plantear o no la extensión de la oficialidad queda pendiente de una "decisión política e institucional" que debería "aclarar todos sus efectos", de manera que las "diferentes visiones existentes" al respecto dejen de ser un obstáculo.
