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TSJPV
Admitida a trámite la denuncia contra Txarli Prieto (PSE)
EL TSJPV deberá investigar si las obras realizadas por la empresa de Prieto se corresponden a trabajos realizados o fueron acordadas "con ánimo de lucro" para no perder las ayudas.
Agencias | Redacción
El Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal contra el parlamentario y anterior secretario general del PSE-EE de Araba, Txarli Prieto, por las obras que realizó su empresa en sedes socialistas.
El auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, fechado el 9 de julio y hecho público hoy, constata además que la denuncia está también dirigida contra Víctor García Hidalgo, secretario de Organización del PSE-EE de Araba.
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó denuncia contra Prieto por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental en relación con las obras realizadas en sedes del PSE-EE en Araba por una empresa participada por él cuando era secretario general de los socialistas alaveses.
En concreto, el tribunal explica la necesidad de la investigación ya que con los datos disponibles hasta este momento no es posible descartar la existencia de una estafa respecto a unas facturas que suman casi 50.000 euros, emitidas por una mercantil en la que participaba Prieto.
El TSJPV deberá dilucidar si esas facturas "se corresponden a trabajos efectivamente realizados" en locales del PSE o si los denunciados acordaron emitirlas con ánimo de lucro para no perder la asignación que anualmente aportaba el PSOE "para sufragar gastos de seguridad" ante atentados.
El origen de este caso fue una denuncia anónima presentada contra Prieto el pasado abril por el supuesto encargo de obras en sedes del PSE alavés a una antigua empresa participada por él, Escoiba S.A.
Cuando esta denuncia salió a la luz, Prieto justificó ante los medios de comunicación estas contrataciones por razones de "seguridad" y confianza" derivadas del problema del terrorismo.
Víctor García Hidalgo, actual secretario provincial de Organización, fue director general de la Policía entre 2004 y 2006 y estuvo imputado -aunque finalmente fue excluido del proceso- en el caso Faisán.