Medidas anticorrupción anunciadas por Rajoy

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha explicado hoy sus propuestas de lucha contra la corrupción en cuatro grandes bloques dirigidos al control financiero de los partidos políticos, el ejercicio del alto cargo, medidas penales y procesales, y en el ámbito del Congreso y el Senado.

MEDIDAS DE CONTROL FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

- Se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos.

- Los bancos no podrán condonar las deudas a los partidos, ni total ni parcialmente, ni pactar condiciones financieras por debajo de las condiciones de mercado.

- Obligación de que todos los partidos publiquen sus cuentas.

- Se refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre subvenciones y donaciones.

- Los particulares no podrán hacer donaciones por encima de 50.000 euros.

- Las donaciones superiores a los 25.000 euros se notificarán al Tribunal de Cuentas y se publicarán en la web de la formación política con identificación del donante.

MEDIDAS DE DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS

- Los órganos de dirección de los partidos se renovarán necesariamente cada cuatro años, coincidiendo con el ciclo electoral, medida que se incorporará a sus estatutos.

- Cada partido tendrá que garantizar, como crea conveniente, fórmulas de participación democrática de sus militantes, mediante congresos, asambleas u otros mecanismos.

- También los estatutos incorporarán garantías concretas para todos los afiliados y qué órganos son los que ejercerán como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación.

- Se decreta la suspensión automática de militancia en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.

- Cualquier partido que incumpla estás obligaciones legales o de presentación de sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas.

MEDIDAS DE CONTROL DE LOS ALTOS CARGOS

- Se exigirá a los altos cargos la elaboración de una declaración responsable en el momento en que sea nombrado, y la carencia de antecedentes penales por determinados delitos.

- Sus actividades, bienes y derechos deberán ser declaradas con detalle al inicio y al final de su cargo, de modo que se pueda detectar cualquier señal de enriquecimiento ilícito, irregular o injustificado.

- Las retribuciones serán totalmente públicas con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la puesta en marcha del nuevo portal.

- Los gastos de representación estarán mejor regulados en la ley y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito para abonarlos.

- Se reforzará el control de las incompatibilidades por medios de la oficina de conflicto de intereses.

- Incremento del control frente a la corrupción en el marco de la reforma de las administraciones públicas y la legislación de contratos, ampliando las prohibiciones de contratar con la administración y limitación del uso de los procedimientos negociados.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

- Se establecerá por primera vez en democracia el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos.

- Se agravarán las penas de inhabilitación.

- Se aumentará los plazos de prescripción de los delitos de corrupción para poder mejorar la respuesta penal contra este fenómeno.

- Se agilizarán los macroprocesos, de manera que la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas.

- Se fijará un plazo máximo para la instrucción, para evitar que casos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años.

- Se articularán medidas procesales para la recuperación rápida de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver.

- Convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales prevista en los presupuestos generales del Estado del año 2015, así como dotación de recursos para el impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial que se aprobará este mismo viernes en Consejo de Ministros.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONGRESO Y EL SENADO

- El Gobierno está dispuesto a ampliar el régimen de suspensión de derechos y deberes de los diputados y senadores, siempre que exista consenso en las Cortes Generales.

- Control parlamentario del indulto. Se remitirá al Congreso de los Diputados, cada seis meses, un informe sobre la concesión y denegación de indultos.

- El Ministerio de Justicia dará cuenta de los indultos concedidos en una comparecencia periódica en la Cámara.

- Mejorar la iniciativa legislativa popular y abrir nuevos espacios a la participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria.