Política -
Pamplona
Libres con cargos los detenidos por la ikurriña gigante del chupinazo
A los seis detenidos ayer en Pamplona y Berriozar se les imputa un delito contra el orden público por la colocación de una ikurriña gigante durante el chupinazo de los sanfermines.
Redacción
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha dejado hoy en libertad, imputados por un delito contra el orden público, a los seis detenidos ayer en Pamplona y Berriozar por la colocación de una ikurriña de grandes dimensiones durante el chupinazo de los sanfermines de este año.
El magistrado ha acordado que los encausados, que se han negado a declarar, comparezcan en el juzgado una vez al mes, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que indica que el auto puede ser recurrido.
Los seis han comparecido ante el juez esta mañana, al igual que la concejala de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona Patricia Perales, quien ha acudido "en condición de imputada para garantizar sus derechos constitucionales", aunque por el momento, el magistrado no ha dictado resolución judicial alguna en la que se le atribuya un hecho delictivo.
En el marco de la instrucción, el juez ha ordenado la intervención de los móviles de los imputados y ha acordado recoger una muestra de su perfil genético para cotejarlo con las evidencias halladas en el lugar de los hechos.
Asimismo, el juez va a investigar las llamadas registradas en los días previos al chupinazo entre la concejala y dos de los imputados.
En su auto, el magistrado indica que de las diligencias practicadas se desprenden "claros indicios" de que fueron los detenidos quienes colocaron momentos antes de las 12:00 horas del 6 de julio una bandera de grandes dimensiones a escasos metros de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona.
Eso, continúa, provocó un retraso de casi veinte minutos en el lanzamiento del "chupinazo" anunciador de las fiestas de San Fermín y supuso un "claro riesgo" para las miles de personas que se encontraban en ese momento en la plaza Consistorial.
Estos hechos son, en principio, constitutivos de un delito contra el orden público, según el juez, que añade que la perturbación que generó la colocación de la bandera debe reputarse como "grave".
Según el juez, son "numerosos" los indicios de la participación de los acusados en los hechos, desde el tráfico de llamadas y datos de posicionamiento de los móviles, hasta la huella dactilar de uno de ellos en el lugar desde el que se desplegó la bandera y datos de compra de útiles empleados para cometer el delito.