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Sentencia

Absueltos los dos profesores de la UPV juzgados en Bilbao

El juzgado afirma que la resolución no es firme, por lo que "cabe interponer recurso". La sentencia entiende que los dos profesores no cometieron delito ya que esa situación "les vino dada".

Juicio a los profesores de la UPV-EHU Xabier Aierdi y Enrique Antolín
Juicio a los profesores de la UPV-EHU Xabier Aierdi y Enrique Antolín
Juicio a los profesores de la UPV-EHU Xabier Aierdi y Enrique Antolín

Redacción

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Los profesores de la UPV Xabier Aierdi y Enrique Antolín, juzgados la semana pasada por impartir clases a dos miembros deportados de ETA, han sido absueltos por el juzgado número 1 de Bilbao.

El juzgado afirma que la resolución judicial no es firme, por lo que "cabe interponer recurso de apelación" ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en un plazo que vencerá diez días después de su notificación.

En la sentencia fechada ayer y hecha pública hoy, la jueza ha entendido que ambos profesores no cometieron delito al mantener a dos personas deportadas dentro de un listado de alumnos en situación académica especial y que la mayoría eran presos, ya que esa situación "les vino dada".

La magistrada considera que al no existir entonces una reglamentación sobre estudiantes deportados se aplicó por analogía la "única norma existente en aquella época" sobre alumnos privados de libertad.

La resolución constata que González Peñalva y Lete se matricularon ese mismo año en la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, sin que ningún miembro de la UPV, ni otros profesores, ni dentro de los diferentes equipos decanales, "se cuestionara o suscitara alguna duda sobre la posible irregularidad" de la inclusión de esos dos deportados junto a los presos.

También recuerda que el entonces rector Pello Salaburu dijo en el juicio que él mismo había entendido que se les debía aplicar la misma consideración.

Por todo ello, la magistrada entiende que los dos profesores tuvieron que impartir docencia a los dos deportados una vez aceptada su matrícula y que, dentro del "ámbito de la libertad de cátedra", escogieron el modo de evaluación que consideraron más apropiado que la mayor parte de las veces era por presentación de trabajos.

Satisfacción de la UPV/EHU

Tras conocerse el fallo, la institución académica ha hecho pública una nota en la que se felicita por su absolución ya que "supone un paso trascendental en la larga polémica que pretendía señalar un comportamiento irregular de la Universidad en el desempeño de su labor docente".

"La Universidad del País Vasco reitera su total satisfacción por esta sentencia, que certifica definitivamente la actuación adecuada de estos profesores en el desempeño de sus tareas docentes y, con ellos, la de toda la universidad", señala.

La Universidad del País Vasco, a través de su Consejo de Gobierno y su Consejo de Dirección, ha proclamado reiteradamente que ambos profesores "cumplieron con las obligaciones de sus cargos, colaborando, dentro del marco institucional, a garantizar la prestación del servicio público de educación superior a la que tenían derecho los estudiantes de este grupo".

Petición de inhabilitación

Tras quedar visto para sentencia, la Fiscalía y las acusaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo mantuvieron su petición de inhabilitación para ambos al entender que cometieron prevaricación administrativa, mientras que la defensa solicitó su libre absolución.

Fiscalía y acusaciones solicitaron para los procesados penas de ocho a nueve años de inhabilitación especial, respectivamente. Tanto la representante del ministerio fiscal, como los abogados de la acusación particular, consideraron que ha quedado probado que los acusados intervinieron en el mantenimiento de los miembros de ETA deportados por Francia Belén González Peñalva y Ángel María Lete en el programa de estudios para presos, sin que comunicaran la situación "irregular" a sus superiores.

Por su parte, la defensa de los dos profesores consideró que la causa, que juzga el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao, "nunca debió existir" y ha insistido en que ninguno de los dos incumplieron norma alguna en relación a los estudios de los deportados, cuya existencia era "pública y notoria" en la universidad y no "un negociete privado de algunos".

Durante la primera sesión del juicio, Antolín y Aierdi declararon que ellos solo tutorizaron a los deportados, pero no se encargaron de su matriculación, y que estaban "obligados" a darles clase.

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