Economía -
Decisión
El Gobierno limita el sueldo en las entidades intervenidas
Los directivos de las entidades financieras intervenidas no podrán cobrar más de 300.000 euros al año, según ha anunciado este viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Redacción
Los salarios de los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros, según el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Según los datos facilitados al Banco de España a finales del año pasado, sólo los máximos directivos de BMN se sitúan por debajo de este umbral, en tanto que los de Caja España se negaron a hacer pública sus remuneraciones.
A la cabeza de estas entidades se coloca el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, que reconoció una remuneración anual de 2,34 millones de euros, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales.
El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente, Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros.
El Gobierno estableció hoy también un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades controladas por el FROB, y que serán subastadas a lo largo del año.
Estas entidades, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha calificado como "intervenidas", son Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia, a las que se une el Banco de Valencia, cuyo consejo de administración fue destituido por el Banco de España hace unos meses.
El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros.
En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.
La nueva normativa aborda uno de los aspectos que ha generado en los últimos meses más malestar social, como son los altos salarios que perciben los directivos de los bancos y cajas que han percibido ayudas publicas.