Berlusconi suprime 36 provincias y 50.000 cargos públicos

El Gobierno italiano ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario un nuevo plan de ajuste presupuestario de cerca de 45.500 millones de euros, con el que pretende calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.

Con este paquete, que incluye tanto medidas de ahorro como recaudatorias, el Ejecutivo espera sanear las cuentas de Italia, cuya deuda pública supera el 120% del PIB, y alcanzar así el equilibrio presupuestario en 2013. El nuevo recorte suprimirá, de esta manera, 36 provincias, 1.500 ayuntamientos y 50.000 cargos públicos

Un texto "en línea" con las exigencias formuladas a Italia por el Banco Central Europeo (BCE) a cambio de la compra de su deuda pública para aliviar la presión de los mercados sobre el país, ha dicho el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

Está previsto que dicho ajuste alcance los 20.000 millones de euros en 2012 y 25.500 millones en 2013, en una actuación que obtendrá los recursos principalmente de los recortes del gasto, según ha explicado el ministro italiano de Economía, Giulio Tremonti, en la misma comparecencia ante los medios.

Entre las medidas aprobadas se incluyen recortes en los fondos destinados a los entes locales y regionales y, aunque no se precisaron datos en la rueda de prensa, en la reunión de la mañana con los representantes de esas entidades se habló de una disminución por un valor total de cerca de 9.500 millones de euros, 6.000 en 2012 y 3.500 en 2013.

Asimismo, el Gobierno de Berlusconi espera rebajar los costes de la política, entre los más altos de Europa, con una serie de medidas para contener el gasto y a través de recortes en los recursos destinados a los ministerios.

Por otro lado, el texto aprobado contiene medidas recaudatorias como la que gravará con un 5% las rentas anuales que superen los 90.000 euros y con un 10% las que excedan los 150.000 euros.

Se contempla, además, un incremento en el gravamen sobre los rendimientos financieros, del 12,5% al 20%, subida de la que quedan exentos los títulos de deuda pública.

El texto incluye el endurecimiento de la lucha contra la evasión fiscal, con medidas como las sanciones por no emitir factura y la obligación de utilizar sistemas de pago que dejen constancia en operaciones sujetas al pago del IVA que superen los 2.500 euros.

Con la intención de aumentar la productividad, el Gobierno propone mover al lunes las fiestas no religiosas del calendario laboral y evitar así los puentes.

Asimismo, entre las medidas a aplicar en los próximos dos años se contempla la posibilidad de llevar a cabo privatizaciones en los servicios locales y se incentivará las liberalización de la actividad económica.