Economía -

Fiscalidad vasca

Luxemburgo confirma la ilegalidad de las 'vacaciones fiscales' vascas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso de las diputaciones vascas y ha avalado que las ayudas son contrarias al mercado único.

Redacción

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado la ilegalidad de las ayudas concedidas a las empresas de nueva creación en Euskadi en la década de los 90, conocidas como ''vacaciones fiscales'' vascas.

El tribunal de Luxemburgo desestima así el recurso presentado por las diputaciones forales, y avala los argumentos de la Comisión Europea, que consideró que las medidas fiscales "van en contra de las normas del mercado único europeo".

Contra esta decisión, firme, no cabe ningún tipo de recurso.

La sentencia afecta a una de las tres medidas conocidas como "vacaciones fiscales", la exención fiscal del impuesto de sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994, las otras dos aún están pendientes de fecha de pronunciamiento.

Tras la sentencia de hoy, habrá que esperar a que los jueces de Luxemburgo se pronuncien sobre la legalidad de los otros dos paquetes de ayuda -el crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y en la reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada desde 1995- antes de considerar la posibilidad de imponer una multa millonaria a España como solicitó la CE en mayo.

Polémica multa

El Ejecutivo comunitario ya ha pedido al Tribunal de Luxemburgo que multe a España por no haber recuperado la totalidad de las ayudas pese a que ya hay sentencias que confirman su ilegalidad.

En este asunto la polémica está servida, porque las diputaciones forales aseguran que las ayudas ya han sido recuperadas, aunque la CE les acusa de no haberlo demostrado.

La multa, en caso de materializarse, rondará los 50 millones de euros.

Posición de las diputaciones vascas

Las tres diputaciones forales de Euskadi han asegurado que la sentencia "carece de efectos prácticos", ya que las empresas ya devolvieron las ayudas antes de este fallo, algo de lo que discrepa la Comisión Europea.

Según las diputaciones, ya habían ejecutado completamente la decisión de la Comisión Europea, de manera que habían recuperado de las empresas beneficiadas las cantidades disfrutadas y los intereses de la recuperación.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja, que denunció las vacaciones fiscales en los tribunales, ha expresado su "satisfacción".

Crítica del lehendakariEl lehendakari, Patxi López, ha criticado hoy que lasdiputaciones forales vascas, al conceder los incentivos fiscales a lainversión en la década de 1990, obviaron la normativa comunitaria y nocomunicaron esas ayudas a la Comisión Europea, aunque se ha comprometido a "minimizar el efecto de la resolución adversa".

Posición de Confebask

Confebask considera la sentencia ''injusta para las empresas'' y discrepa porque "no se respeta el principio de confianza legítima" y califica de "incomprensible" que las empresas acaben "siendo las víctimas".

Jauregui pide "comprensión" a la UE

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha pedido "comprensión" a la Unión Europea (UE) para que permita una "devolución paulatina" de las ayudas fiscales para que las empresas afectadas no se vean "perjudicadas gravemente".

Bruselas pide que se recuperen las ayudas

Bruselas ha pedido a las autoridades vascas que recuperen las ayudas. "Esto confirma que la decisión de la Comisión de declarar ilegales las ''vacaciones fiscales'' de hace 10 años era correcta, y nos felicitamos por ello", ha declarado la portavoz de Competencia europea.

¿Qué son las ''vacaciones fiscales''?

Las conocidas como ''vacaciones fiscales vascas'' consistían en exenciones temporales del Impuesto sobre Sociedades y otras ventajas en el pago de ese tributo, y estuvieron vigentes en las tres provincias vascas entre 1995 y 2000.

De ellas se beneficiaron unas 300 empresas y su objetivo era impulsar la implantación de nuevas compañías en la región.

El Tribunal europeo de primera instancia declaró en septiembre de 2009 la ilegalidad de estas ayudas y ordenó su reintegro a las haciendas correspondientes, pero las diputaciones vascas decidieron recurrir su decisión en casación.

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