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Empleo antes de dos años para quien cobre renta garantizada en Navarra

El Gobierno de Navarra plantea también reducir la pobreza severa, garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y reducir el abandono escolar temprano.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. Foto de archivo: EiTB
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. Foto de archivo: EiTB
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. Foto de archivo: EiTB

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Diru-sarrera bermatuaren hartzaileek bi urteetan lana izatea bultzatuko du Nafarroak

El Gobierno de Navarra se marca como objetivo que ninguna persona perceptora de renta garantizada que esté en condiciones de trabajar permanezca más de dos años sin acceder a un empleo y que un 50 % de ellas acceda a un puesto de trabajo antes de los doce primeros meses.

Este compromiso se recoge en el borrador del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021, que además plantea reducir la pobreza severa, garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y reducir el abandono escolar temprano.

Entre los objetivos de este plan "intenso y prolijo en actuaciones" figura también reducir el porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian y las desigualdades en el estado de salud de los perceptores de renta garantizada.

El borrador, que se encuentra en fase de exposición pública previa su aprobación, ha sido presentado en rueda de prensa por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y los consejeros de Educación y Salud, María Solana y Fernando Domínguez.

El incremento presupuestario adicional del conjunto del plan equivale a 45,7 millones de euros, con menos dinero para la renta garantizada y más para empleo y acompañamiento social y una importante inversión en vivienda y educación, según Laparra, quien ha reconocido que su objetivo en relación con el empleo es "muy exigente y ambicioso, pero viable".

En la actualidad, el número de perceptores de renta garantizada se sitúa en torno a 12.000. Con todos ellos trabajan los servicios de Orientación para analizar su empleabilidad y así poder segmentar las que están en "condiciones de incorporarse a un empleo razonablemente", algo que antes no se hacía, según ha indicado.

Laparra, quien ha sostenido que el plan está pensado en "clave de derechos", ha destacado también el objetivo de reducir la pobreza severa de un 8,8 % a un 4,4 %.

En materia de vivienda, su consideración de derecho subjetivo, obliga a concretar la oferta dirigida a los sectores con más dificultades de acceso, hasta 2.500 núcleos familiares. En esta línea se plantean ofrecer una vivienda de alquiler social o apoyo para sufragar el coste de la misma a quienes tengan ingresos inferiores a dos veces el alquiler de mercado, a quienes no se haya ofrecido antes y que no la hubieran rechazado en los últimos 5 años.

El plan prevé reducir el abandono escolar temprano y situarlo por debajo del 8 % y situar por debajo del 10 % el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja.

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