La CE dice que España no le ha 'consultado intensamente'

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Olli Rehn ha afirmado este viernes que el Gobierno español no ha consultado a la institución de manera intensiva antes de aprobar hoy la reforma fiscal, que ahora analizará para ver si está en línea con sus recomendaciones para el país.

"Estábamos en general al corriente de los planes del Gobierno español de tomar más acciones en el campo fiscal y de la reforma fiscal, pero no puedo decir que hayamos sido consultados intensamente, lo que quiere decir que ahora estudiaremos las decisiones y analizar su compatibilidad con las recomendaciones por países", ha dicho Rehn.

El responsable comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios ha indicado que una vez que la Comisión realice esta comparación entre las medidas aprobadas y las sugeridas por Bruselas, informarán de sus conclusiones.

"En este contexto veremos si las decisiones están en línea con las recomendaciones por países", ha indicado Rehn, unas sugerencias que precisamente hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han mostrado su conformidad.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha explicado al término del encuentro que la reforma aprobada hoy "está hablada desde hace bastante tiempo con la Comisión Europea, pero es perfectamente congruente y compatible con las recomendaciones" de Bruselas para España.

Rehn no ha querido hacer ningún comentario sobre este juicio del ministro español, ni adelantar su opinión sobre si la reforma está en consonancia con las recomendaciones, hasta que la Comisión lleve a cabo un análisis detallado.

La UE respalda las recomendaciones que abogan por subir el IVA

Por su parte, los ministros de Economía de la UE han respaldado este viernes sin cambios las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) para España, en las que consideran que hay margen para ampliar la base del IVA y gravar el consumo, entre otros tributos.

En las recomendaciones, presentadas el pasado 2 de junio por la CE, los socios europeos afirman que España debería gravar el consumo, el deterioro del medio ambiente (los combustibles por ejemplo) o los bienes inmuebles (IBI).