Economía -
Concurso de acreedores
Piden al Gobierno Vasco que se implique para mantener Incoesa de Bedia
La plantilla lleva 238 días de huelga por la decisión empresarial de trasladar su producción a Soria y Extremadura.
Los trabajadores de Incoesa, en concurso de acreedores, han reclamado tanto al administrador concursal como al Gobierno Vasco que se impliquen en la búsqueda de una solución que permita volver abrir y mantener la actividad en la planta ubicada en Bedia (Bizkaia).
Una representación de la plantilla, que cumple 238 días de huelga por la decisión empresarial de trasladar su producción a Soria y Extremadura, ha considerado en conferencia de prensa que el conflicto se encuentra en "un momento clave" tras la denegación judicial al traslado de trabajadores y la exigencia a la empresa de que sean devueltas ayudas públicas de las que se ha beneficiado.
La Diputación Foral de Bizkaia aprobó la semana pasada la declaración de deslocalización de dos de las sociedades del grupo, Incoesa-Trafos e Incoesa-Trafodis, al considerar que la firma ubicada en Bedia ha abandonado el territorio. Dicha declaración constituye el primer paso para exigir la devolución de los más de 150.000 euros en ayudas recibidos por ambas sociedades.
La decisión de la Diputación se conoció días después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao diese la razón a los trabajadores al denegar los traslados planteados por la dirección a factorías de Soria y Extremadura, según el sindicato LAB, único que cuenta con representación en la planta de Bedia.
El representante del comité de empresa Pedro Mendo ha señalado que tras ambas decisiones, la empresa y la administración concursal tendrán que replantearse la situación y decidir el futuro de la planta de Bedia, dedicada a la fabricación de transformadores eléctricos.
Los trabajadores les piden que no se opte por despedir a la plantilla y no se cierre la planta vizcaína, sino que se trabaje en un plan de viabilidad que permitan su mantenimiento.
Los trabajadores han valorado el expediente abierto por la Diputación Foral, pero han manifestado que no quieren "multas", sino que el dinero de las ayudas que se debe devolver se invierta en iniciativas que permitan el mantenimiento de la actividad de la planta vizcaína, que consideran viable.
También han cuestionado la actitud del Gobierno Vasco en relación a este conflicto y han emplazado al Ejecutivo a dejar de ser "un mero espectador" para pasar a implicarse en la búsqueda de una solución.
