La Guardia Civil registra las oficinas del Comité Técnico de Árbitros de la Federación

Euskaraz irakurri: Guardia Zibilak Federazioko Arbitroen Batzorde Teknikoaren bulegoak miatu ditu

La Guardia Civil registra este jueves las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) situadas en las dependencias de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid) para recabar documentación relacionada con la investigación judicial abierta sobre el caso Negreira.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que efectivos del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona se han personado en torno a las 9:00 horas en la sede de la federación en busca de documentos en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros.

En paralelo al registro, el juez instructor ha dictado un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

De esa forma, el delito de cohecho se suma a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se atribuían a los investigados.

El pasado día 5 el juez de Barcelona que investiga el caso Negreira determinó que, si bien no se encontraban indicios de que el FC Barcelona comprara árbitros con el "tradicional método de pago" para un partido concreto, apuntaba una "forma novedosa de posible retribución ilegítima" mediante una "posible corrupción sistémica" al calificar y designar colegiados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona reconoce que, por el momento, no se ha podido averiguar el destino dado por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira y su hijo a los cerca de 7 millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

El juez considera que en este caso se da una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo y el FC Barcelona le pagó unos siete millones de euros, según el club azulgrana para que elaborara informes sobre árbitros y arbitrajes.