cultura
Monopolio
EE. UU. denuncia a Ticketmaster por monopolio ilegal en la venta de entradas
Agencias | EITB Media
El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, ha explicado que la demanda viene motivada por prácticas "anticompetitivas e ilegales" de la empresa.
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El Gobierno estadounidense denunció este jueves a la compañía Live Nation, dueña del portal de venta de entradas Ticketmaster, con el objetivo de acabar con el monopolio ilegal que, según la acusación, ha ejercido la empresa en los últimos años.
El Departamento de Justicia, junto con 30 fiscales generales estatales y de distrito, presentó una demanda civil antimonopolio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por "monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados".
El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, aseguró que la demanda no viene motivada por "las tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas" impuestos por la empresa, sino porque las prácticas de la empresa son "anticompetitivas e ilegales".
Garland afirmó que la compañía "bloquea la competencia y la venta de entradas mediante el uso de contratos exclusivos" de venta que pueden durar más de una década y también con la adquisición de lugares propios, entre otras prácticas.
Live Nation controla al menos el 80 % de la venta de entradas en las principales salas de conciertos; gestiona directamente a más de 400 artistas; controla más del 60 % de las promociones de conciertos en todo el país y posee o controla más del 60 % de los grandes anfiteatros de Estados Unidos, asegura Garland.
Esta situación, añade el fiscal, deriva en que "los aficionados pagan más" y "los artistas tienen menos oportunidades de tocar en conciertos", mientras que "los promotores más pequeños quedan excluidos y los lugares tienen menos opciones reales para los servicios de venta de entradas".
En concreto, la demanda alega que Live Nation-Ticketmaster viola la sección 2 de la Ley Sherman, que prohíbe las conspiraciones que restrinjan injustificadamente el comercio y los acuerdos entre competidores para fijar precios o salarios, manipular licitaciones o asignar clientes, trabajadores o mercados.
