cultura
Con el rechazo de la oposición
El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
Redacción
El Gobierno español realizará así una modificación legal "urgente" que introduce una compensación económica para editores de noticias por parte de los agregadores de noticias en Internet.
La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual para remitirla al Senado, con el único apoyo del PP, ya que PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural, Amaiur y ERC han votado en contra.
Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes se han pactado nueve enmiendas transaccionales a esta ley. De las 169 enmiendas parciales presentadas al texto del Gobierno solo se han incluido las nueve que ha presentado el PP, y previsiblemente, la norma podría estar definitivamente aprobada en septiembre u octubre.
Se trata de una modificación legal "urgente" que quiere acometer el Gobierno para adecuar la legislación española a dos directivas europeas pendientes de 2011 y 2012. La Plataforma ProInternet ha criticado "realizar este procedimiento a través de una comisión, y no un pleno, pues supone hurtar al debate público el proceso de una ley esencial para las libertades y el desarrollo de la economía en Internet".
Según han confirmado fuentes cercanas al ministerio que dirige José Ignacio Wert, esta reforma parcial se 'jugará' en dos tiempos, por lo que no sólo habrá cambios en la ley que ha presentado el Gobierno en el Congreso, sino que también los habrá en el Senado, donde también podrían modificarse bastantes aspectos.
Aún así, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado realizará una reforma de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia, según adelantó en sede parlamentaria el responsable ministerial del ramo, José Ignacio Wert.
Esta primera reforma parcial conlleva la puesta en marcha de la llamada 'tasa Google', una compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias (no en buscadores habituales), que genera discrepancias entre el sector editorial.
Mientas la Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) defiende la existencia de esta compensación, la Coalición por Internet, que preside el director de '20 Minutos', Arsenio Escolar, considera que su imposición generará pérdidas millonarios a los internautas españoles.
En cuanto a los grupos parlamentarios, PSOE y CiU proponen que esta tasa se extienda a periodistas y fotógrafos, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD piden su supresión, según se desprende de las 162 enmiendas parciales que los grupos han presentado en el Congreso al proyecto de ley del Gobierno.
Trámite parlamentario
La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.
En aquel debate Wert explicó a su vez que con esta ley se va a "mejorar" la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, y se va a dar “una nueva regulación del concepto de copia privada”.
Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.
Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.
Otro de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia, al mismo tiempo que los grupos parlamentarios han criticado que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.
