El CERMI pide suprimir el artículo del Código Penal que admite la posibilidad de esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente. Ana Peláez, comisionada de género del CERMI y miembro de del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas asegura que la esterilización forzosa es "un tema que incomoda a todo el mundo" y que por eso, ni se denuncian todos los casos ni hay datos estadísticos al respecto. "Muchas mujeres han pensado que se les iba a operar de apendicitis. Incluso, tenemos casos de mujeres que han sufrido la esterilización en el momento de dar a luz, sin ningún tipo de consulta por parte del servicio médico”. Los estudios también indican que "cuando se esteriliza a una niña, adolescente o mujer con discapacidad, se la está sometiendo a una situación de mayor vulnerabilidad frente al abuso sexual por parte del entorno directo".
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